El rol de las universidades y el pensamiento crítico
Ante el otorgamiento de doctorados honoris causa a la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ante la baja del presupuesto universitario y
científico.
Buenos
Aires, 11 de octubre de 2016
En
noviembre de 2015, en plena campaña electoral, desde Plataforma 2012 llamábamos
la atención acerca de las autoridades universitarias que hacían público su
apoyo al candidato presidencial, entonces oficialista –hubo incluso órganos
colegiados de gobierno (Consejos Superiores) que pidieron el voto. Señalamos
entonces que nos parecía inadmisible “la utilización de los medios y recursos
de las instituciones del Estado, el poder de influencia de los cargos de los
funcionarios públicos, para denostar a adversarios políticos, desprestigiar
interpretaciones diversas sobre la situación política y social y demandar de la
sociedad acciones en favor de un determinado candidato partidario”. Nos
preocupaba además el grado de coacción que significaba para el conjunto de la
comunidad académica, ya que declaraciones como aquéllas, impulsadas desde
máximas instancias del gobierno universitario, definían implícitamente a todo
aquel que no estuviera de acuerdo con tal candidato “como partidario de
intereses contrarios a la institución”. Finalmente, nos parecía que ese modo de
imbricar lo partidario en la Universidad como institución, en nombre del
compromiso social, problematizaba el tipo de politización esperable y exigible
de las universidades, ya que la condición sine qua non de la vida universitaria
es la independencia de las estructuras partidarias, única garantía del
pluralismo y el debate en libertad.
Pues bien, vemos ahora que, en un contexto muy diferente, se
repiten situaciones similares: este 12 de octubre las Universidades Nacionales
de Quilmes y Avellaneda le van a otorgar sendos doctorados honoris causa a la
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde un punto de vista, la
situación no podría ser más diferente: el país está hoy gobernado por la
coalición política opositora a la de noviembre pasado. Sin embargo, el problema
subsiste, pues existen sectores de las universidades públicas que siguen
funcionando de un modo completamente partidista.
Por supuesto, las consideraciones con que los Consejos Superiores otorgan el doctorado honoris causa a la ex presidenta apelan “objetivamente” a los logros de su gobierno. Pero no hay nada de objetivo en ello: ¿acaso el balance sobre esos “logros”, como sucede con la casi totalidad de los gobiernos, no dividen al país y a la comunidad académica? La actitud misma de la ex presidenta que, más allá del curso judicial de las causas de corrupción que enfrenta –sin duda devaluadas por el gravoso hecho de la escasa confianza que ofrece el sistema judicial en su imparcialidad–, no se ha sentido siquiera en la necesidad de ofrecer explicaciones públicas mínimamente aceptables sobre sus negocios privados y su fabuloso enriquecimiento, ¿no es el emblema máximo de una idea de la política que desprecia al que piensa diferente? ¿Pueden elaborarse argumentos universalistas –como los que una distinción universitaria debería promover– para una figura política que ha consagrado la visión del adversario como enemigo?
Estas decisiones no sólo violentan el espíritu universitario: una de las más graves consecuencias, en estos momentos, es que también distorsionan la necesaria lucha que debería dar el mundo académico e intelectual ante las amenazas de reducción del presupuesto universitario y científico que está promoviendo el actual gobierno nacional. Convertir a las universidades en bunkers militantes del ex-oficialismo devalúa cualquier reclamo que se pueda hacer al actual gobierno, ya que lo convierte en argumento de una lucha facciosa que, al resignar valores universales, pierde toda posibilidad de expresar contenidos de verdad o justicia.
Por eso, desde Plataforma 2012 queremos alertar contra estas prácticas y contra cualquier disminución en el presupuesto que convierta al campo universitario y científico en una de las variables de ajuste de la lucha entre fracciones políticas: no hay que olvidar que el presidente Macri se había comprometido en su campaña a elevar el presupuesto de ciencia y tecnología del 0,7 y 0,8% del presupuesto nacional que tuvo durante el gobierno anterior, al 1,5%; pero en el proyecto de presupuesto presentado para el año próximo lo baja al 0,59%. Asimismo, con la misma contundencia desde Plataforma 2012 buscamos alertar contra el uso de las universidades como herramientas de militancia partidista de un sector de la oposición. La Universidad Pública es demasiado importante en la vida cívica para que nos resignemos tanto a que se disminuya su capacidad operativa como a que se devalúe su misión crítica y su independencia de toda estructura partidaria.
Uno de los roles principales de la Universidad debería ser fomentar el debate y el pensamiento crítico. Algo difícil de lograr mientras persista tal indistinción entre la vida universitaria y los intereses de partido. Como señalábamos en noviembre pasado y continuamos sosteniendo bajo el gobierno actual, la construcción de un proyecto de país que supere la situación de dependencia, las desigualdades crecientes y la corrupción generalizada, exigen de la intelectualidad y del conjunto de la comunidad universitaria, científica y cultural, una completa emancipación respecto del poder político, esté en el gobierno o en la oposición.
Por supuesto, las consideraciones con que los Consejos Superiores otorgan el doctorado honoris causa a la ex presidenta apelan “objetivamente” a los logros de su gobierno. Pero no hay nada de objetivo en ello: ¿acaso el balance sobre esos “logros”, como sucede con la casi totalidad de los gobiernos, no dividen al país y a la comunidad académica? La actitud misma de la ex presidenta que, más allá del curso judicial de las causas de corrupción que enfrenta –sin duda devaluadas por el gravoso hecho de la escasa confianza que ofrece el sistema judicial en su imparcialidad–, no se ha sentido siquiera en la necesidad de ofrecer explicaciones públicas mínimamente aceptables sobre sus negocios privados y su fabuloso enriquecimiento, ¿no es el emblema máximo de una idea de la política que desprecia al que piensa diferente? ¿Pueden elaborarse argumentos universalistas –como los que una distinción universitaria debería promover– para una figura política que ha consagrado la visión del adversario como enemigo?
Estas decisiones no sólo violentan el espíritu universitario: una de las más graves consecuencias, en estos momentos, es que también distorsionan la necesaria lucha que debería dar el mundo académico e intelectual ante las amenazas de reducción del presupuesto universitario y científico que está promoviendo el actual gobierno nacional. Convertir a las universidades en bunkers militantes del ex-oficialismo devalúa cualquier reclamo que se pueda hacer al actual gobierno, ya que lo convierte en argumento de una lucha facciosa que, al resignar valores universales, pierde toda posibilidad de expresar contenidos de verdad o justicia.
Por eso, desde Plataforma 2012 queremos alertar contra estas prácticas y contra cualquier disminución en el presupuesto que convierta al campo universitario y científico en una de las variables de ajuste de la lucha entre fracciones políticas: no hay que olvidar que el presidente Macri se había comprometido en su campaña a elevar el presupuesto de ciencia y tecnología del 0,7 y 0,8% del presupuesto nacional que tuvo durante el gobierno anterior, al 1,5%; pero en el proyecto de presupuesto presentado para el año próximo lo baja al 0,59%. Asimismo, con la misma contundencia desde Plataforma 2012 buscamos alertar contra el uso de las universidades como herramientas de militancia partidista de un sector de la oposición. La Universidad Pública es demasiado importante en la vida cívica para que nos resignemos tanto a que se disminuya su capacidad operativa como a que se devalúe su misión crítica y su independencia de toda estructura partidaria.
Uno de los roles principales de la Universidad debería ser fomentar el debate y el pensamiento crítico. Algo difícil de lograr mientras persista tal indistinción entre la vida universitaria y los intereses de partido. Como señalábamos en noviembre pasado y continuamos sosteniendo bajo el gobierno actual, la construcción de un proyecto de país que supere la situación de dependencia, las desigualdades crecientes y la corrupción generalizada, exigen de la intelectualidad y del conjunto de la comunidad universitaria, científica y cultural, una completa emancipación respecto del poder político, esté en el gobierno o en la oposición.
Firman: Osvaldo Acerbo,
Julio Aguirre, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio
Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian
Gorelik, Alejandro Katz, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo
Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Marcelo Plana, Patricia Pintos,
Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Ruben
Szuchmacher, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
Quien quiera adherir enviar correo a: plataforma2012@plataforma2012.org.ar
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