DOCUMENTO:
PROPUESTA
PARA UN AMPLIO DEBATE NACIONAL
Diputado
Nacional Juan Carlos Alderete
CASO
VICENTÍN
La
declaración de “stress financiero” de la empresa agroexportadora santafesina
Vicentín (el mayor default corporativo de la historia provincial) está
generando un sisma económico de alcance nacional.
La
denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, sobre los préstamos
otorgados por la entidad a la empresa Vicentin durante el gobierno de Mauricio
Macri, el default comercial que esta generando el corte de la cadena de pagos,
y la caída en default de otros actores de la cadena, la posible
extranjerización de la empresa y el peligro de la perdida de cientos de puestos
de trabajo encienden las alarmas de preocupación de todos los sectores.
Vicentin
es un grupo empresario en torno al cual se mueve una gran parte de la actividad
económica en la provincia de Santa Fe, grupo con presencia en una amplia red de
secotres económicos que van desde la agroexportación, hasta frigoríficos, bodegas,
algodoneras, etc. La familia homónima dueña de la empresa está en el puesto 27
de las 50 familias más ricas de Argentina según la revista FORBES del año 2018.
Así,
inscripto como esta en el agronegocio en la Argentina, se vincula al dominante
sector exportador ya que el 87% de su producción termina fuera del país.
Vicentin es un grupo empresario con absoluta viabilidad, por lo tanto, no debe
dejar de funcionar.
Actualmente,
no solo está en juego su continuidad, se trata también de asegurar la continuidad
de fuentes de trabajo, de ingresos al fisco nacional y provincial, de recuperar
fondos necesarios en momentos de vigencia de una emergencia como la decretada
por ley en el Congreso Nacional y de clarificar una situación que puede afectar
a un sector clave de la economía nacional.
Consecuentemente,
todas las estrategias que se adopten deben garantizar esto.
La
situación antes mencionada se agrava ante la reciente presentación de la
empresa a concurso de acreedores. Esta instancia suele utilizarse para lograr
una baja en las deudas y da como resultado la desvalorización de los activos.
En
ese marco, Glencore (grupo asociado a Vicentin) podría comprar con muy poco
dinero al grupo empresario, beneficiando de alguna manera a los actuales dueños
de Vicentin. Las variantes de lo que harán los dueños de Vicentin con el futuro
de la empresa deberán aclararlo ellos, pero no sería extraño pensar que se
estuviese incubando algún cambio de manos que implicase, en última instancia,
la extranjerización del grupo.
Distintas
propuestas han surgido para solucionar esta situación: estatización completa
del Grupo Vicentin, constitución de una empresa mixta mayoritaria del Estado
con participación de distintos sectores interesados, formas de organización
social de la producción donde combinen experiencias donde participen
productores, trabajadores, el propio Estado, formas mixtas, etc.
Sin
embargo, la cuestión esencial es cuál es el paso inmediato, mientras se profundizan
los debates institucionales y públicos respecto al camino a seguir en
referencia al futuro de la empresa. En
este sentido, se propone que, en tanto se debata la posibilidad de la
estatización total, o la constitución de una empresa mixta u otro mecanismo, es
preciso:
·
Asegurar la continuidad
de la empresa,
·
Hacerlo previniendo un
vaciamiento o la extranjerización fraudulenta de la misma.
·
Asegurar la
recuperación de los fondos prestados por la Banca Oficial o de aquella en la
que participe el Estado
·
Recomponer la cadena
comercial, principalmente en lo que atañe a los pequeños productores y
cooperativas afectados por el default
La
intención de este Documento de Propuesta de Debate es ubicar el mecanismo legal
que permita impedir la extranjerización de Vicentin, garantizar la permanencia
de sus fuentes de trabajo, impedir que los manejos poco claros de esta empresa
terminen empujando a la quiebra a pequeños productores y cooperativas que
entregaron sus granos y, a la vez, dar
pasos en búsqueda de una solución definitiva recuperando los fondos de la Banca
Estatal que son importantes y que pueden destinarse a fines productivos y paliativos
de la Emergencia Social (emergencia alimentaria, salarios y jubilaciones,
reactivación de la economía, apoyo al productor agrario, PYMES, etc.)
Una posible línea de acción
Se
trata entonces de definir una medida urgente que evite el vaciamiento de la
empresa y la pérdida de fondos del Estado. En este sentido, reproducimos, por creerlo
conveniente, algunas de las declaraciones que el Senador Francisco Durañona
emitió al respecto en los medios públicos:
El
senador del Frente de Todos, Francisco Durañona propuso que el Estado estatice
la firma Vicentin y se quede con un porcentaje de las acciones, dado que es el
principal acreedor de la gigantesca deuda que tiene mediante el Banco Nación
(BNA) y el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro).
“Hay
que intervenir con la Inspección General de Justicia (IGJ) la sociedad e
iniciar el proceso de CRAM DOWN para que el Estado se quede con el paquete
mayoritario de las acciones de Vicentin”, propuso Durañona en diálogo con Radio
10.
El
CRAM DOWN o salvataje es un sistema de propuesta de acuerdo preventivo por un
tercero, quien, en caso de obtener la conformidad de los acreedores, adquiere
la empresa concursada. Implica la sustitución del empresario en quiebra, que es
sustituido por otro en mejor situación para salvar la firma. Ésta es una figura
comercial mediante la cual se realiza un salvataje de una empresa en quiebra
que consiste en la apertura de un registro en el que deberán inscribirse
aquellos interesados en adquirir la empresa.
Durañona
justificó que la decisión se debe dar producto del tamaño de la deuda que el
grupo empresario tiene. Los dos principales acreedores son el BNA, que prestó
casi 18.000 millones de pesos, y el Bapro, que otorgó 13.000 millones de pesos.
“Está
previsto en la Ley de Concursos y Quiebras: a cualquier especialista en derecho
comercial y concursal que se le pregunte ratificará la existencia de este protocolo
porque no se habla de expropiación, sino de continuidad de la empresa´, afirma
Durañona.
Por
medio de este salvataje, el Estado se adueñaría de las acciones
correspondientes a la deuda contraída con la Banca Oficial.
Es
de destacar un antecedente de actualidad: el Correo Argentino S.A., empresa
controlada por el Grupo Macri en concurso de acreedores desde hace 18 años, está
cada vez más cerca de la quiebra. El paso previo es el procedimiento de
"CRAM DOWN" o salvataje, que fue habilitado por la Cámara Comercial
en diciembre último y ratificado ahora por la fiscal Gabriela Boquin, quien
pidió también la intervención de la empresa. Así el Estado, uno de los
principales acreedores de la deuda de la empresa controlada por Socma y Sideco,
podrá intervenir activamente solicitando medidas para impulsar la causa,
impugnar informes, cuestionar a los síndicos e intervenir en el legajo sobre
vaciamiento y desvío.
Se
trata de debatir la pertinencia de esta u otras medidas mientras se abre un
debate público sobre la estructura futura de la empresa Vicentin.
Algunos elementos a tener en cuenta para el debate
La deuda con la banca pública
El informe
que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, elevó al directorio de la
entidad para que determine los pasos a seguir frente al pedido de renegociación
que pidió la compañía Vicentin cuestiona el "estrés" alegado por el
Grupo y considera (como dice el informe mencionado), que “ninguno de los
números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”.
Según
se indica en el informe, "[…] en el proceso de endeudamiento que fue
acumulando Vicentin con el Banco Nación, se superaron los límites a los que
podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente
Regulador para las Grandes Empresas […]". Y que "[…] Sin embargo y
sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin
hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la
normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central
para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio
del Banco, sino por la línea gerencial, en el período del último gobierno […]”.
En
el referido informe se documenta el acelerado crecimiento de la empresa en los
últimos cuatro años, lo que se advierte en que las ventas anuales del Grupo
Vicentin variaron como se indica a continuación:
Año 2015.- 27.100 millones de pesos, 19° puesto en el
ranking de ventas.
Año 2016.- 45.200 millones de pesos, 10° puesto en el
ranking de ventas.
Año 2017.- 61.335 millones de pesos, 7° puesto en el
ranking de ventas.
Año 2018.- 118.015 millones de pesos, 6° puesto en el
ranking de ventas.
Lo
anterior demuestra que, mientras que en el acumulado anual de los años 2016,
2017 y 2018, el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una
expansión de ventas del 51,36% de promedio anual; el Grupo Vicentin superó ese
porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual.
A
través de esto, se puede demostrar que el Grupo Vicentin, que ocupaba el puesto
19° de las 200 empresas en el 2015 y era la 4° cerealera de este grupo de
empresas (superado sólo por Cargill, Aceitera General Deheza y la Asoc. De
Coop. Argentina); pasó a ocupar en el 2018, el puesto 6° del ranking total y en
el mismo proceso ocupar el primer lugar dentro de las cerealeras del ranking.
El
Grupo Vicentin, según los trascendidos periodísticos, anunció que por «stress
financiero» no va a pagar los 23.500 millones de pesos que debe a los bancos
(18.500 millones al Banco Nación), ni los U$S 350 millones de dólares con los
productores agropecuarios, más toda la financiación que tomó por Bolsa ni todo
lo que debe a bancos internacionales de crédito en dólares.
Por
otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentin en
el mercado financiero doméstico representan el 20% de la facturación del 2018
(no de 2019) y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $18.000 millones es
sólo el 15% de su facturación del 2018.
Además,
en el citado informe se detalla el entramado societario que se utilizó para
operar y se destaca que la relación entre el préstamo impago y la facturación
de la empresa llega apenas al 20%, mientras que otras compañías como Arcor o
YPF tienen una relación de 50% y 65% y no han planteado la crisis que alega
Vicentin.
El
lugar que la empresa ocupa en la economía nacional y en particular en el sector
exportador (sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados,
con una participación del 9 por ciento de todo el mercado y el despacho de unos
300 barcos al año entre granos, harinas y aceites) señalan la necesidad de que
el Estado en todos sus niveles intervenga en la crisis, pero no de cualquier
manera. En situaciones similares, grandes empresas que contaban con el Estado
como acreedor han aprovechado la oportunidad para licuar sus deudas haciendo
cargo al conjunto de los argentinos y argentinas de las mismas.
Teniendo
en cuenta que el incumplimiento de la empresa en el periodo 2015 – 2018 no hizo
más que expandir su facturación, haciendo que los fondos públicos financiaran
su crecimiento a expensas de los más necesitados. De los últimos 14 años, solo
en el 2013 exhibe una ligera retracción de sus ventas.
El peligro de vaciamiento
A la
vez, la empresa es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el
país, y empresas en el exterior: En Uruguay, Paraguay, Brasil y España.
Corresponde
agregar en este punto el papel que cumple la empresa Renova dentro de la
estructura del Grupo. Esta empresa materializa el acuerdo estratégico que
Vicentin tiene con el Grupo Glencore, Trader mundial de granos y gigante minero.
Acuerdo que ha dado lugar a una situación donde, en determinadas actividades,
resulta difícil separar qué pertenece al Grupo Vicentin y qué pertenece al
Grupo Glencore.
Glencore
plc (PLC es una empresa de responsabilidad limitada PUBLIC LIMITED COMPANIES),
es un holding extranjero con sede en Suiza, considerada la principal empresa
privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos
del mundo. En el año 2010 su facturación fue de 145.000 millones de dólares, un
36% más que en 2009, y el beneficio neto mejoró un 41% situándose en 3.800
millones. Glencore cuenta con más de 190.000 empleados (incluyendo
contratistas) y tiene activos en 30 países. Glencore controla el 50% del
mercado mundial de cobre, el 60 % de zinc, el 38 % de alúmina, el 28 % de
carbón para centrales térmicas y el 45 % de plomo. En alimentos básicos
controla casi el 10 % de trigo del mundo, cerca del 25% del mercado mundial de
cebada, girasol y colza. Posee cerca de 300.000 hectáreas de tierras de cultivo
siendo uno de los mayores productores del mundo de grano. A su vez, es el
primer accionista de Xstrata con una participación de alrededor del 34%. Xstrata
plc, en sus primeras épocas, era un monopolio minero anglo-suizo con sede en
Zug, Suiza, y con domicilio social en Londres, Reino Unido. Fue un gran
productor de carbón (y el mayor exportador del mundo de carbón térmico), cobre,
níquel, vanadio y zinc y el mayor productor del mundo de ferrocromo. Tuvo
operaciones en 19 países en África, Asia, Australasia, Europa, América del
Norte y América del Sur. Todo lo anterior es una característica peligrosa en un
área clave de la producción argentina.
Por
la participación mayoritaria en la empresa Renova, que remite a firmas
extranjeras (Glencore y Vicentin Paraguay), Renova termina siendo una empresa
extranjera que sirve para distribuir utilidades dominantemente hacia Ginebra y
Asunción con destino final incierto.
Todo
lo anterior puede considerarse un peligro para el cobro de la deuda de Vicentin
por su principal acreedor que es el Banco Nación. Además, la confusa composición
del capital que controla Vicentin es un peligro para la Seguridad alimentaria
argentina y para un proyecto de Soberanía alimentaria, elementos fundamentales
de una Defensa Nacional Patriótico-Popular, Integral e Integrada, según el
modelo sanmartiniano.
El
proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación superó
los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente
fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento
alguno, la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las
cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa.
Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes
empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco
Nación. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a
cargo. Es decir, las autoridades políticas del Banco Nación, en la gestión
anterior, no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión. Ninguno de los
números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin.
El
Banco Nación, junto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además del
Banco Hipotecario, que tiene participación estatal, son los principales acreedores
de Vicentin y deben asegurar el cobro de la deuda, además de preservar las
fuentes de trabajo de miles de familias y las acreencias de acopiadores y
productores para evitar el efecto cascada en toda la cadena productiva en
momentos de declarada Emergencia.
Una cuestión de soberanía
La
intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría
incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores
agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo
Agropecuario Nacional, sean perjudicados.
Se garantizaría
la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que
desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la
cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.
Pero
también sería una oportunidad inmejorable para que el Estado vuelva a ser
protagonista en uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, hoy
dominado mayormente por empresas de capital extranjero. Por otra parte, se
evitaría la pérdida de fondos necesarios para las Emergencias legisladas
recientemente y para volver a poner en marcha el motor de la producción
nacional y la pequeña y mediana industria principal generadora de puestos de
trabajo en el país.
Sobre
la base de entender que sin soberanía económica no habrá soberanía política ni
posibilidad de justicia social, y en el marco de la crisis que vive nuestro
país, existen mecanismos posibles para intervenir de manera inteligente,
cuidando los intereses de los trabajadores y trabajadoras, así como los de las
Provincias y la Nación.
La
vuelta de la participación estatal en este sector de la economía no sólo es el
único resguardo que hoy existe de la continuidad laboral de los trabajadores y
trabajadoras, sino que además podría aportar a un cambio que hoy es
imprescindible en el modelo productivo argentino. De esta forma, podría
iniciarse un camino que recoja la experiencia del IAPI (INSTITUTO ARGENTINO DE
PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO) durante los primeros gobiernos del General Perón.
Se
pondría nuevamente en el centro la Defensa Nacional y el control del Estado
sobre un sector clave para el desarrollo independiente de la industria nacional
y del bien estar de la población, tomando como ejemplo los motivos que
propiciaron la creación de YFP por parte del General Mosconi.
Se
podría recuperar una porción de soberanía monetaria hoy en manos de un sector
altamente extranjerizado que explica el ingreso de 2 de cada tres dólares que
ingresan al país. Sector que se ha beneficiado con las sucesivas devaluaciones,
muchas veces provocadas por la decisión de estas mismas empresas de no liquidar
divisas, situación propiciada por el macrismo con la quita de las normas que
obligaban a estas empresas a hacerlo en determinado tiempo posterior a la venta
de los granos.
Con
el estado formando parte de este complejo agroexportador las políticas fiscales
podrían ser mejor focalizadas sobre un sector que ha tenido superganancias en
las últimas décadas y ha descargado la carga impositiva casi siempre sobre los
productores, el primer eslabón de la cadena agroexportadora.
Por
otro lado, la referencia estatal en el sector permitiría aportar al
mejoramiento de la comercialización, la generación de precios de referencia
para los productores y para el mercado interno, así como distender la
dependencia comercial que hoy nos ata (condicionando nuestro desarrollo
independiente) a las superpotencias compradoras.
La necesidad de tomar definiciones
En
este documento, se incita a que el Congreso Nacional tome una definición sobre
la forma en la que se puede intervenir en esta cuestión, con medidas
institucionales y promoviendo un debate público integrando una comisión
especial al efecto de buscar, de manera inmediata y perentoria, los mecanismos
legales y acciones que deba tomar el Estado Nacional sobre la Empresa Vicentin
para evitar el vaciamiento o la licuación de la deuda y la posible venta (o la
venta simulada) de activos a monopolios extranjeros, profundizando la
desnacionalización que ha sufrido Argentina.
En
este sentido, los objetivos que se proponen de la intervención del Estado en el
caso se resumen en:
·
Mejorar las condiciones
de trabajo.
·
Garantizar un mejor
control de los precios de los alimentos surgidos de la comercialización de este
sector (trigo, maíz, etc.).
·
Redirigir la renta que
hoy va a la especulación financiera y dirigirla a una política de crédito
blando para los pequeños y medianos productores.
·
Promover precios
mínimos a los productores evitando la especulación.
·
Evitar el “traspaso de
impuestos” que hoy realizan las agroexportadoras a los productores haciendo muy
compleja una política tributaria progresiva.
·
Efectuar un control
real y puesta en práctica de una producción industrial y agraria ambientalmente
sustentable.
·
Ejercer un mayor
control sobre la moneda a través del manejo directo de una parte del ingreso de
divisas (dos de cada tres dólares que ingresan a la Argentina ingresan por este
complejo).
·
Generar la posibilidad
de que las ganancias de la agroindustria puedan volcarse en parte nuevamente a
las regiones en obras e infraestructura urbana y social y a un modelo
productivo diversificado y sustentable apuntalando la industria nacional y la
generación de más fuentes de trabajo
A su
vez, se pretende investigar la operatoria de la Empresa, abriendo las causas
necesarias en la Justicia Federal, ante cualquier ilícito que se advierta o
descubra para recuperar fondos mal habidos y sancionar a los responsables.
Por
último, se propone iniciar un proceso de debate público sobre la necesidad de
constituir una sociedad del Estado o una sociedad mixta con mayoría Estatal con
la empresa Vicentin. Buscando, de esta manera, los medios para la participación
de los sectores interesados en el debate sobre el destino futuro de Vicentin:
productores pequeños y medianos, las organizaciones de los trabajadores, así
como las representaciones sociales y políticas de las regiones y las provincias
para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.
Diputado
Nacional Juan Carlos Alderete
