No es progresista ni nacional y popular poner impuestos a los sueldos y jubilaciones.

Salario no es igual que ganancia.

Horacio Micucci

Uno de los reclamos más difundidos en la actualidad es que se termine con el impuesto a las ganancias a los sueldos y jubilaciones que superen un determinado valor.

Según el diario oficialista Pagina 12 del 17 de junio de 2012, CIFRA (Centro de Investigaciones Económicas de la ya virtualmente fantasmal “CTA de Yaski” ) dice:

…“el Impuesto a las Ganancias existe con diversas modificaciones desde 1933 en la Argentina y diferencia cuatro categorías de “rentas”:

1) del suelo: por el usufructo de los inmuebles;

2) del capital: por el rendimiento del capital;

3) por actividades agropecuarias, industriales, comerciales, o cualquier otra que no esté incorporada en las demás categorías, y

4) del trabajo personal.

Esta última categoría grava los ingresos que provienen del trabajo en relación de dependencia o de forma independiente y constituye el eje de la discusión en torno de la razonabilidad de que el salario deba tributar “ganancias”...”

Para defender este impuesto al salario y al trabajo personal, en el artículo del diario mencionado, se transcribe un párrafo del informe de la oficialista CIFRA:

… “más allá de la discusión sobre del ‘justo’ valor del tope a partir del cual se empieza a contribuir impositivamente, es decir acerca del mínimo no imponible, este tributo –la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias– es progresivo en un sentido doble: no afecta al conjunto de los trabajadores sino sólo a aquellos de más altos ingresos, y la tasa del impuesto se eleva a medida que las remuneraciones son mayores”. 

Y más adelante:

“Este tributo, además, no es una excentricidad argentina, sino que es una práctica extendida en otras economías. De hecho, el informe destaca que “el peso impositivo sobre los ingresos provenientes del trabajo es en Argentina inferior al que se registra en otros países de América latina y, fundamentalmente, respecto de países con mayor grado de desarrollo”.

Que otros lo hagan no quiere decir que nosotros lo debamos hacer o “mal de muchos consuelo de tontos” dice el refrán. Por lo tanto dejaremos de lado este último argumento ya que, como se sabe y es público y notorio,  los países “desarrollados” del mundo son potencias imperialistas (sean estas cuales fueran ya que no tenemos ni tuvimos preferencias ni confiamos en ninguna de ellas) donde se pretende hacer pagar la presente crisis a sus propios pueblos y a los pueblos, países y naciones oprimidas por esas potencias. Y lógicamente cuentan con la complicidad o la debilidad de gobiernos de los países dependientes que siguen, de forma abierta o solapada, esas políticas “regresivas”.

De forma abierta, reduciendo salarios y jubilaciones por decretos y leyes, como en España y Grecia.

De forma solapada, a través de la inflación, que es el caso argentino. Por ejemplo, asignando un tope salarial a las paritarias debajo del índice inflacionario: si la inflación es del 25% y se establece un tope del 18% se está imponiendo, de hecho, una rebaja salarial del 7%. De allí la famosa frase: “los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera”. Si este argumento parece demasiado “pedestre” recurriremos a la teoría.

Transcribiremos largamente un texto del prestigioso economista, ya fallecido, Horacio Ciafardini, definiendo la inflación:

“…No se trata simplemente de una tendencia generalizada de los precios a aumentar, sino de una tendencia de los precios a aumentar de manera despareja. Por eso se dice que varían los precios relativos. El ejemplo más notable de esto está contenido en la expresión según la cual “los precios suben por el ascensor mientras que los salarios lo hacen por la escalera”. En efecto: el salario es un precio también. Es el precio de la fuerza de trabajo, es decir de la capacidad de trabajar, que venden quienes no tienen otra forma de subsistir. Así, se trata de un caso de variación de los precios relativos, y de un caso muy importante social y económicamente, aunque esto no resulte evidente en razón de que, por lo común, se entiende por “precios” los de las mercancías “objetivas”, es decir de las mercancías distintas de la fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo asalariada es una mercancía, y su precio es el salario o el sueldo que se cobra comprometiéndose, como contrapartida, a trabajar durante cierto tiempo y en ciertas condiciones.”

“Al estar fijados los salarios, en dinero, de antemano, y al reajustarse tardíamente en el mejor de los casos, la inflación significa una reducción de la masa de bienes que puede comprarse con el salario mes tras mes, quincena tras quincena.”

“Esto conlleva una redistribución del ingreso a favor de quienes compran y venden mercancías “objetivas” y en detrimento de quienes tienen sus ingresos fijados en dinero, como los asalariados.”

Esto es lo que está pasando en la Argentina y no es nada “progresivo” ni “progresista”. Tampoco es distribuir el ingreso de manera “progresista”.

Es perjudicar a los que menos tienen, lisa y llanamente.

El problema del impuesto a salarios y jubilaciones

Según se sabe, pagan Impuesto a las Ganancias los que, luego de los descuentos de jubilación, salud y otros (es decir ingreso neto), ganan más de $ 5.782 y los casados con 2 hijos que cobran neto más de $ 7.998 mensuales.

Desde ya que no es lo mismo $ 7.000 en Buenos Aires que en el sur, donde el costo de vida es mayor. Pensar lo contrario sería tener una visión muy “porteña” (y unitaria) del asunto.

El porcentaje de retenciones varía a medida que aumenta el salario. Va desde el 14% y sigue con el 19%, el 23% y hasta del 35%, según una escala de origen nada progresista: la escala que estableció Machinea cuando era funcionario del gobierno de De la Rua. Esta escala no ha sido actualizada y es la que se aplica en la actualidad.

El artículo de Página 12, continúa: “…si el salario neto es de 7800 pesos, debe aportar 3484 pesos anuales, el 40 por ciento de un salario. Si el ingreso, en cambio, es de 10 mil pesos, el aporte pasa a 9911 pesos por año, casi un sueldo completo. La proporción en relación al salario es mayor aún si el ingreso mensual neto es de 15 mil pesos, en cuyo caso ese trabajador debe tributar 28.448 pesos, casi dos sueldos. Para un trabajador casado con dos hijos el mínimo no imponible es de 7998 pesos, y la progresividad antes descripta se mantiene.”

Es decir, un trabajador con $ 7.800 por mes paga casi medio aguinaldo. Y los de $10.000 un aguinaldo entero. De hecho, está en cuestión el derecho al aguinaldo.

Parece lamentable que a un periodista supuestamente “progresista” se le “filtre” el viejo argumento gorila de Jorge Luis Borges (más allá de sus capacidades literarias) acerca de que Argentina “es el único país del mundo donde se trabajan doce meses y se cobran trece”.

Lamentamos tener que explicárselo: El trabajador, al principio, cobraba un jornal al fin de su día de trabajo (adelantaba su trabajo del día, antes de cobrar). Después pasó a cobrar la semana (siete días, no había domingos ni feriados) al final de la misma (adelantaba su trabajo antes de cobrar, siete días después).
Luego apareció la quincena. Al llamarla quincena parecía equivalente a quince días pero se había constituido retrasando el pago de catorce días, al fin de dos semanas y, por lo tanto, le pagaban por catorce días. Los más viejos hemos escuchado de niños a nuestros abuelos esperar, ansiosamente, el cobro de la quincena.

Y al final, apareció el equivalente a dos quincenas vencidas (o sea catorce días de trabajo por dos, equivalente a veintiocho días del sueldo inicial diario, independientemente del mes). Pero no todos los meses tienen veintiocho días: febrero tiene veintiocho y otros treinta y treinta y uno. Tómese el lector el trabajo de hacer los cálculos y encontrará que le fueron “robando” al obrero  28 días de labor al año. Mucha lucha y mucha sangre consiguieron jornadas de ocho horas (que en Argentina no se cumplen), domingos y feriados, y…el aguinaldo (la recuperación del mes robado) que muchos, que hoy se creen progresistas, parece que consideran “progresista” eliminar.

Lo anterior ha ido en incremento desde el período de De la Rua hasta la actualidad. En el mencionado documento de la oficialista CIFRA se reconoce un aumento de la proporción que paga este impuesto. Transcribimos extensamente a Página 12:

“El trabajo (de CIFRA) advierte que el salario nominal se incrementó entre 2008 y 2011 un 96,6 por ciento, y el índice de precios al consumidor lo hizo en 75,9 por ciento, mientras que el mínimo no imponible tuvo un aumento del 44 por ciento. De esta forma, la porción de asalariados registrados que pagan ganancias pasó de un rango del 8 al 10 por ciento desde la salida de la convertibilidad hasta 2008, a un 17 por ciento en la actualidad, mientras que los que tributan sobre el total de los ocupados, de un 4,5 por ciento al 8,5 por ciento, valores que no contemplan la suba salarial de las negociaciones paritarias del corriente año. “Para que el mínimo no imponible recupere los valores de 2008, debería actualizarse en un 22,2 por ciento si se pretende mantener el poder adquisitivo de ese año, y 36,5 por ciento en función de los salarios nominales”, indica el trabajo.”.

Más aún: el 20% de los jubilados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires paga… ¡impuesto a las ganancias!. No hace falta aclarar que las jubilaciones tampoco son ganancias. El dinero proviene del aporte descontado, en años de trabajo, al trabajador.

En 2001, 437.492 trabajadores en relación de dependencia (menos del 10% del total) estuvieron alcanzados por el impuesto a las Ganancias y casi ningún jubilado tributaba ese impuesto. En 2012 pagan por Ganancias unos 1.850.000 (más del 20% del total). Y más de 200.000 jubilados.

O sea, en criollo, más trabajadores pagan este impuesto. Curiosa redistribución de la riqueza, mientras el juego y las ganancias financieras están exentas de pagar ganancias y, tampoco, las megamineras como Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, que se lleva el oro pagando 3% de lo que ellos declaran que sacan. Y si sacan por puertos patagónicos, como Cerro Vanguardia, pagan 1%.

Es una forma de ajuste contra los trabajadores en actividad o jubilados, disfrazado, curiosamente, de “nacional y popular”. El salario nunca puede ser considerado ganancia. Las principales fuentes recaudatorias del gobierno provienen de dos impuestos que castigan al pueblo: los impuestos al trabajo y el IVA. Es bueno recordar que, al estar gravados con IVA los artículos de primera necesidad, hasta los desocupados pagan impuesto en Argentina. ¿Cómo puede ser que el juego no pague impuestos, que las transacciones financieras no paguen impuestos y que un desocupado tenga que pagar el 21% de IVA de todo lo que consume?.

Todo este ajuste tiene como objetivo principal el pago de la deuda externa argentina, la importación de combustible producto de la nefasta política energética de este gobierno que continuó, hasta ahora, la política privatista de los anteriores, los déficit del presupuesto, los jugosos subsidios como los del transporte, en la que se van 70 mil millones de pesos por año (una gran estafa, un gran robo, donde han cooperado funcionarios del gobierno junto con gente como Cirigliano que acumularon fortunas inmensas) y la profundización de un modelo económico que ha agravado la dependencia argentina de las metrópolis imperiales. 

Dice Martín Scalabrini Ortiz (nieto del patriota) en su Blog:

“…en 2010, los costos laborales eran aún un 7,7% inferiores a 1993, siendo en promedio un 28,4% menores en la post convertibilidad (2003-2010) que el promedio de la década del noventa. En términos de índices, si el costo laboral en 1993 era 100, en 2010 fue de 92,3 según INDEC y de 66,7 según Salarios/IPC 9 Provincias de CIFRA. Por otra parte, la productividad, es decir, el valor producido por cada trabajador, fue un 34,4% mayor que en 1993, debido principalmente al aprovechamiento de las capacidades instaladas ociosas. La diferencia entre la productividad y el costo laboral es el beneficio apropiado por el capitalista.
Es decir, luego de la devaluación, con una caída estrepitosa del costo laboral, la recuperación del salario no llegó a alcanzar los niveles de 1993. Además la productividad aumentó respecto de este año, con lo cual el excedente producido (plusvalía) fue a parar a los bolsillos del capital”.

En síntesis la productividad laboral aumentó y el costo salarial disminuyó. Luego, no es que haya altos salarios que deban pagar impuestos como ganancias sino que hay disminución del costo de la mano de obra con mayor productividad. En ese contexto de salarios mayoritariamente bajos, hay otros que “parecen” altos.

Ni hablemos de las jubilaciones, donde el 70% de las mismas rondan el límite de la pobreza, se niega el 82% móvil y se desconocen las resoluciones de la Corte Suprema a favor de los jubilados, esperando que se mueran antes de cobrar lo que les corresponde.

¡Y, encima de lo anterior, se impone un tributo al salario!.

En el fondo, cuando se argumenta que sólo tributan los salarios altos, como si esto fuera justo (porque lo real es que hay muchos salarios muy bajos), se esconde que se saca de los de abajo para transferir a los de arriba. Igual que en el reciente plan de préstamos para la vivienda donde se dice que los fondos de los jubilados (ANSES) se usan para préstamos para que se construyan viviendas los que no las tienen (entre ellos muchos jubilados), cuando en realidad tiene como objetivo reactivar el negocio inmobiliario. Plan de vivienda real es que sea el Estado el que construya casas y se las de a los que no las tienen como ocurrió en el Gobierno del General Perón.

De los fondos del ANSES sale también dinero para Fútbol para Todos, con el beneplácito de Grondona y los suyos. Lentamente se vuelven a vaciar las Cajas de los jubilados y el día menos pensado la crisis nos llevará a situaciones que ya conocimos.

Salario no es ganancia

Pero vayamos a la razón teórica de fondo que diferencia al salario de la ganancia, independientemente del monto del primero.

El objetivo de un empresario que contrata empleados u obreros, al invertir su dinero, es obtener una ganancia o mayor valor que lo invertido, lo que técnicamente se llama plusvalía. Pero esa plusvalía no puede surgir del aumento del precio de las mercancías entre su compra y su venta. Si todos pretendieran ganar aumentando sus precios, lo que uno recibe de más al vender lo perdería al comprar, y para el conjunto de los empleadores no habría ganancia; solo una elevación general de los precios. Sin embargo, observamos cotidianamente que los que invierten capital obtienen ganancias, obtienen un excedente de valor. ¿De dónde sale ese plusvalor o plusvalía?.

La solución para el que contrata mano de obra (sea un empresario para producir un producto o aún el propio Estado) está en comprar una mercancía cuyo uso tenga la particularidad de crear valor. Esa mercancía es la capacidad o fuerza de trabajo que disponen los obreros asalariados. Los obreros no tienen maquinas o, en forma más genérica, medios de producción. Sólo tienen su fuerza de trabajo para venderla a los que la necesitan. Y estos son aquellos que disponen de los medios de producción (materias primas y equipos y herramientas de trabajo).

Los obreros venden al empresario su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El salario es el precio, la expresión en dinero, del valor de la mercancía fuerza de trabajo. Este valor también se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla: los bienes que necesita el obrero, dentro de las condiciones socio-históricas en que vive y se reproduce, para estar en condiciones de trabajar.

Simplemente, para poder trabajar el asalariado necesita los medios de subsistencia mínimos (comida, vestido, su educación para tener una determinada destreza en lo cual invierte tiempo, casa para vivir, etc.) y los bienes necesarios para mantener a su familia ya que al propio sistema le interesa la reproducción de la fuerza de trabajo (que siga habiendo aquellos que necesitan vender su fuerza de trabajo para vivir).

Es decir, el hombre, al igual que la máquina, se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro. Además de la cantidad de artículos de primera necesidad requeridos para su propio sustento, el hombre necesita otra cantidad para criar determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a él en el mercado de trabajo y a perpetuar la raza obrera. Además, es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo de su fuerza de trabajo y a la adquisición de una cierta destreza. Según lo que dejamos expuesto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de primera necesidad exigidos para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo.

El empresario dueño de los medios de producción compra el derecho a usar la capacidad de trabajo durante el tiempo que pague al obrero. Compra también materias primas y maquinarias. Usa todas estas mercancías para obtener un mayor valor. Pero este mayor valor no proviene de las materias primas, cuyo valor se incorpora directamente al producto; ni de las maquinarias, que transfieren sólo una parte del valor que significa su desgaste en el proceso de elaboración del producto; sólo puede surgir de esa mercancía tan especial que es la fuerza de trabajo que aplicada a todo lo anterior produce algo de más valor.

Si el obrero produce –digamos en dos horas– un valor equivalente a lo que recibe como salario, los valores creados en las 6 horas restantes constituyen el plusvalor, mayor valor o plusvalía.

Las 2 horas de trabajo necesarias para cubrir el valor de la fuerza de trabajo, que el empresario paga con el salario, es el tiempo de trabajo necesario.

Las 6 horas posteriores, que ya no le cuestan nada al contratante, es el tiempo de trabajo excedente. Este plustrabajo produce la plusvalía, es la fuente de la ganancia y de la acumulación de capital por parte del empresario contratante.

Desde ya que en estas sociedades se trata de que el trabajador viva y se reproduzca con lo mínimo indispensable. Se reduce al máximo la necesidad de atención médica, de acceso educativo y de satisfacciones culturales, de diversión, esparcimiento, etc. Y si hay exceso de mano de obra para la capacidad productiva de un país, se crea un ejército de desocupados (dispuesto a vender su fuerza de trabajo por cada vez menos). Eso provoca la existencia de lo que las estadísticas agrupan como pobres e indigentes y… una presión a la baja salarial. O sea, la desocupación no es una “error” del modelo, es una necesidad para presionar a la disminución de lo que se paga por la fuerza de trabajo: el salario.

Según datos oficiales, el 53,6% de la fuerza laboral está en situación precaria (INDEC). Hay un 35% que trabaja en negro, Hay 8.800.000 personas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, que están contratados por un plazo o están desocupados. Según la UCA casi un 20% es pobre y un 5,4% es indigente (o sea que tiene sólo $ 36 para dar de comer a su familia de cuatro personas).

Pensar que los salarios más altos deben pagar ganancias es intentar hacerles pagar a los trabajadores gastos de mantención del Estado que ellos no generaron y que no los benefician. En la época actual del imperialismo la radicación de industrias en nuestros países, dados los bajos salarios que aquí se pagan, es para aumentar las ganancias de los monopolios extranjeros y de sus socios nativos: el empresariado de intermediación y los terratenientes asociados a cada potencia, para pagar la deuda externa ilegítima, usuraria y fraudulenta, tal como lo demostró el patriota Alejandro Olmos, los gastos energéticos y los beneficios del capitalismo de amigos.  Sugerimos releer de nuevo ahora el párrafo de Martín Scalabrini Ortiz transcripto más arriba. Como se ve la mano de obra se hace cada vez más productiva pero ello no se refleja en un mejor estado de los trabajadores ni en mejores salarios sino todo lo contrario.

¿No es un descaro sacarle a los salarios y jubilaciones y no tocar antes al juego (recordar que Cristóbal López, amigo del gobierno y hoy petrolero dueño de OIL M&S, es empresario del juego), las megamineras inglesas, los terratenientes como Benetton que declara en su página WEB 1.250.000 hectáreas, o la timba financiera exenta de impuestos?.

Los cuentapropistas

Los cuentapropistas, que en nuestro país pagan monotributo, también son perjudicados. Un cuentapropista en realidad explota su propia fuerza de trabajo. Se extrae plusvalía a él mismo. De allí sale su ingreso.

Veamos la más baja categoría de monotributista de los profesionales, categoría A. Si tiene un ingreso bruto anual de hasta $ 24.000 (o sea ingreso bruto de hasta $ 2000.- al mes) pagará $ 468 de impuesto al año. Recalcamos: se calcula sobre su ingreso bruto, no sobre su salario o ganancia. De ese ingreso bruto pagará sus gastos jubilatorios y de obra social a que lo obliga su categoría de monotributista, más los gastos de su actividad y la mantención de su familia.

Si vamos a la categoría F (que supone un ingreso bruto mensual de $6.000 a $8.000) pagará un impuesto anual de $ 4.800.

En la categoría G, con un ingreso bruto mensual entre $8.000 y $10.000 (reiteramos Ingreso Bruto no es salario neto ni ganancia neta) pagará $ 6.600.- al año.

En la parecida situación se encontrará un plomero, un gasista, un electricista.

El campo

Se habla del campo (y este gobierno acostumbra a usar ese término), pero el campo no es homogéneo ni plano. Hay terratenientes, campesinos ricos, campesinos medios, campesino pobres, semiproletarios, y obreros rurales, en una primera aproximación.

Sin embargo impositivamente no se los diferencia. En la Argentina, de 170 millones de hectáreas agrícola-ganaderas y forestales, sólo 4.000 propietarios tienen 74 millones de hectáreas (44% de la tierra), y el resto está esparcido en una cantidad inmensa de pequeños y medianos productores. Por lo tanto, está claro que es correcto hacer un revalúo inmobiliario. Porque estos grandes propietarios tienen que pagar la crisis. Y el revalúo inmobiliario es necesario, pero para los grandes, no para los pequeños que ya pagan retenciones igual que los grandes. Esta es una de las consecuencias directas de la crisis, que se evidencia en este impuesto.

En la soja, algo más del 2% de los productores se adueña del 60% de la soja pero los restantes, más pequeños, pagan los mismos niveles de impuestos y retenciones que los grandes terratenientes y no los pueden aguantar.

Propuesta

Se debe eliminar todo impuesto al trabajo y a las jubilaciones y eximir de impuestos a las escalas más bajas de monotributistas estableciendo un mínimo no imponible de ingresos brutos mayor para ellos. Apoyar y promover el verdadero empresariado nacional liberándolo de cargas, favoreciendo el crédito y eliminando el trato preferencial al capital extranjero que recibe créditos que se les niegan al empresario nacional. Se deben anular los tratados que dan trato preferencial al capital imperialista. Argentina tiene 58 de esos tratados, Bolivia 25 y Brasil ninguno.
El 82% móvil a los jubilados y la universalización del salario familiar sin distinciones, son imprescindibles.

Es necesaria la segmentación de las retenciones, eliminándolas a los pequeños productores del campo hasta 300 toneladas. Se debe liberar de impuestos a los pobres del campo y a los pequeños y medianos productores, y hay que apoyarlos con créditos baratos, por la sequía y por las inundaciones. Aquí se está haciendo al revés. 

Se deben imponer impuestos especiales a los monopolios, a la megaminería, a la renta financiera, al juego, etc. Se deben aumentar las valuaciones a los terratenientes del campo y el impuesto inmobiliario diferencial a ellos. Se deben eliminar a los monopolios de exportación (como Nidera, Cargill y otros) volviendo al IAPI de los primeros gobiernos del General Perón.

En suma es necesaria una política tributaria verdaderamente patriótica y popular que haga pagar esta crisis a los que la causaron y se beneficiaron con ella, a los que se enriquecieron y se enriquecen con la entrega del patrimonio nacional, la sumisión nacional y el sufrimiento del pueblo.